La semilla del mal

13 marzo, 2017 | 3:44 PM | Imprimir

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario

El problema de la policía parece no tener solución. Los intentos de sanearla comenzaron desde que era una fuerza dentro de las Fuerzas Armadas, cuando se eliminó la tristemente célebre DNI y se creó la DIC en el MP. Luego se creó una Secretaría de Estado para someterla al régimen civil. Ninguna de esas medidas erradicó las malas prácticas dentro de la policía.

Desde el advenimiento del régimen constitucional fue evidente que los patrones de conducta de la policía reñían con los postulados del Estado de Derecho consagrados en la misma Constitución. Semejaban más a los de las organizaciones criminales. La tortura, la desaparición forzosa, la reclusión sin previa orden de captura formalmente expedida y las denominadas ejecuciones extrajudiciales”, fueron prácticas normales dentro de la policía. Despreciaban la ley porque creían estar por sobre la misma, por el obsecuente tratamiento que los políticos ofrecían a los jefes policiales, quienes, a su vez, se creían acreedores de esos tratos porque estaban seguros de que su misión era salvar al país del comunismo.

Cuando la Unión Soviética implosionó, la policía se encontró sin enemigo oficial, pero acostumbrada a aquellas prácticas criminales, comenzaron a aplicarlas indiscriminadamente. Ese fue el momento en que se vio claramente el peligro que la policía representaba para la sociedad. Se tomaron medidas (suprimir la DIC, crear la Secretaria de Estado de Seguridad), pero no lograron erradicar las organizaciones criminales que se refugiaban en el seno de la policía. Se atacaron los efectos, no el problema.

Los políticos legislaban para satisfacer los caprichos de los policías, reconociéndoles privilegios únicos en la función pública, en contradicción con la Constitución. Llegaron al extremo de cercenar la investigación del MP, en represalia porque éste presentó acusaciones contra los policías corruptos y los militares violadores de los derechos humanos en la década de los 80.

Este ambiente favoreció la contaminación criminal de la policía, cuyos altos oficiales, amparados en su condición de autoridad, perpetraron crímenes atroces con la seguridad de que la ley no los alcanzaría jamás. Animados por la impunidad imperante, no dudaron, según las últimas informaciones, en asesinar a connotados ciudadanos, entre éstos al denominado “Zar Antidrogas”, por encargo de capos de la droga. ¡A simples sicarios por encargo se rebajaron! ¡Qué bajo cayeron!

Mataban por placer. El asesinato de los jóvenes universitarios, Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda, fue la manifestación más siniestra de este perverso comportamiento de la policía.

Los autores intelectuales de estos crímenes aún son desconocidos. Pero nadie duda que se trate de altos oficiales. ¿Cuántos de éstos todavía están en servicio activo?

Tan arraigadas están las malas prácticas que, pese a la depuración masiva decidida por la comisión, siguen conociéndose casos de colusión entre miembros activos de la policía y el crimen organizado. A esto agréguese la investigación a policías activos sospechosos de participar en los atentados y amenazas contra los miembros de la comisión depuradora ¡(cuyos autores intelectuales aún no han sido identificados!); y, además, el descubrimiento de que oficiales activos aparecen como multimillonarios, entre éstos, algunos que participan en los procesos de formación de los nuevos policías reclutados. ¿Qué les enseñarán a esos nuevos policías? El último caso, es la denuncia del jefe de los “cachiros” contra el ministro de seguridad, miembro de la junta depuradora (!).

Lo que últimamente se ha logrado en la lucha contra el crimen organizado, se debe a los nuevos cuerpos policiales (Policía militar y ATIC), no a la policía. La depuración, ciertamente, no logrará erradicar el crimen dentro de la policía. Prueba de ello es que los depuradores están amenazados de muerte y uno de ellos fue víctima de un atentado, sin que todavía se haya identificado un sospechoso, aunque se supone que policías activos, en complicidad con depurados, son los responsables.

El gobierno debe reconocer su error. Ya no debe perder el tiempo con la depuración (¿Cómo puede seguir liderando la depuración un ministro sobre el que pesan sospechas terribles?). En su lugar debe despedir a todos los policías y sustituirlos con los policías militares, que, según parece, aún no se han contaminado.

Edmundo Orellana Opinión

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