Inversión y desinversión pública

24 marzo, 2017 | 2:38 PM | Imprimir

Por: Julio Raudales

La situación en el subsector eléctrico tiene de nuevo al país en vilo. Parece que 30 años de tumbos y empellones han servido de poco. Los hondureños y sobre todo nuestros líderes, hemos hecho muy poco por aprender. ¡Claro, los miles de millones de lempiras perdidos no cuentan, el dinero que es de todos al final no es de nadie!

Pero más allá del sistema eléctrico y su mal y encarecido funcionamiento, está la forma en que los hondureños movilizamos y potenciamos nuestros recursos para producir. La electricidad es una de esas alternativas, pero esta debe complementarse con otras: el transporte, el enfriamiento, la calefacción y muchas cosas de las cuales debemos echar mano si es que queremos vivir en el confort que ofrece la tecnología en el siglo XXI.

Los especialistas dicen que la electricidad representa apenas el 25% de todas las formas de energía utilizadas en Honduras. La leña sigue siendo la principal fuente motriz en el país, como en el siglo XIX. ¡Es muy triste! Pero en nuestro entorno, confluyen elementos tecnológicos tan modernos como la telefonía celular y el internet, como formas de vida tan rudimentarias como las utilizadas en tiempos del imperio romano.

Escribo todo esto a propósito de las discusiones que se han suscitado a lo largo de la semana en prácticamente todos los medios de comunicación. Parece que el gobierno deberá obtener un nuevo crédito de salvataje para evitar que la empresa siga despeñándose hacia la quiebra final y con ella la de las posibilidades de un país más competitivo.

En los años 70, se desató entre los políticos del patio, una ola que propugnaba por darle al Estado un rol más protagónico en la incentivación de la producción. Fue así como se emprendieron grandes proyectos como la hidroeléctrica El Cajón y la creación de empresas públicas bien planificadas y dotadas de recursos y licencia para su explotación: CORFINO, COBANA, COHDEFOR y muchas más son un claro ejemplo del empuje industrializante que nuestro sector público desató en aquellos años.

También se invirtió mucho en empresas públicas productoras de servicios: Hondutel, el SANAA, Honducor, la Empresa Nacional Portuaria, Ferrocarriles de Honduras, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola y muchos otros, buscaban optimizar la producción nacional mediante la dotación adecuada de estos servicios públicos.

Pero luego de dos décadas el ensayo  dejó muy pocos réditos a los trabajadores y empresarios hondureños que habían visto con tanta ilusión el despegue industrializador. La miseria, el desempleo y la falta de acceso a las comodidades del siglo XX, convencieron a los políticos de la necesidad de quitar al Estado ineficiente el control de la producción y entregárselo a una iniciativa privada que prometía un uso más racional y efectivo de los recursos.

No sucedió. De 24 empresas públicas que había en el país a comienzos de 1990, quedaron únicamente 8. Las demás fueron privatizadas o desmontadas. El sector empresarial quedó igualmente huérfano de incentivos adecuados y una institucionalidad cada vez más débil solo condujo  a la captura de los recursos naturales, físicos y humanos del país por dos o tres grupos económicos, consolidando así la estructura extractiva y empobrecedora que hoy nos caracteriza y que bajo ningún punto nos sacará de la pobreza.

La lección nos ha costado miles de vidas, incontables daños al ambiente y sobre todo desconsuelo y frustración. Sabemos ahora que el Estado juega un rol fundamental si queremos desarrollar al país, pero seguimos siendo incoherentes y necios. El aumento a la carga tributaria no ha servido más que para financiar una cara y desmedida burocracia cuyo costo desincentiva la iniciativa privada. Así no hay forma de crecer y generar bienestar.

Si continuamos en la dinámica actual, obteniendo deuda, incrementando impuestos y tercerizando de forma indiscriminada la entrega de servicios públicos, será difícil que el país salga de sus problemas. Únicamente generando confianza a los inversionistas y proveyéndoles de servicios adecuados se generará la riqueza necesaria para que haya bienestar. Esa debe ser la virtud fundamental de la inversión pública: convertirse en el complemento adecuado a los proyectos de inversión privada.

Ojalá y los esfuerzos actuales enfocados a rescatar el subsector eléctrico rindan los frutos necesarios para evitar caer en una debacle adicional. Hay toda una ciudadanía que merece mejor suerte que la que los políticos le han dado.

Sociólogo, vicerrector de la UNAH, exministro de Planificación y Cooperación Externa, Presidente del Colegio Hondureño de Económistas.

Julio Raudales Opinión

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