Conflicto electoral 2017 (3)

7 abril, 2017 | 2:43 PM | Imprimir

RAMÓN CUSTODIO

-Si todos asumimos el objetivo en la acepción de ser sujetos desinteresados y confiables, podemos lograr un entendimiento inmediato en el que ganemos todos, que incluye por igual a los servidores del Estado, a los ciudadanos y a los de la solidaridad internacional, empeñados en no dañar más ni a nada ni a nadie, sino que seamos el epicentro del bien común en la resolución de los intereses conflictivos y de las tendencias contradictorias.

Algo posible si solamente amamos a las personas y solo usamos las cosas, como lo pide el Dalai Lama, sin hacer daño.

Es necesario que cada uno de los involucrados en la presente crisis haga el mayor esfuerzo posible para compartir buena voluntad y buena fe, para cumplir lo acordado y convenido. Que nos permita el retorno a la gobernanza, condición sine qua non para salir del conflicto.

Bien caracterizado el problema de la nulidad del proceso electoral 2017, a partir de la postulación del titular del Poder Ejecutivo para ser reelegido sin ser reelegible, veamos una propuesta que nos pueda permitir la superación de la crisis en el menor tiempo, dentro del mayor respeto posible a la Constitución de la República y demás leyes.

Con base en lo anterior, si previamente acordado por todos los involucrados, proponemos:

1. Declaración expresa de los precandidatos triunfadores en las elecciones internas del 12 de marzo último, renunciando ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a ese triunfo, en aras del respeto a la Constitución de la República y a la institucionalidad democrática.

2. Declaración de nulidad del actual proceso electoral por el Tribunal Supremo Electoral por todas las razones expuestas y otras señaladas por constitucionalistas de reconocida autoridad doctrinaria, de acuerdo con la Ley de Justicia Constitucional y demás que sean pertinentes, incluidos tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por el Estado, especialmente la Carta Democrática Interamericana.

3. Acuerdo de un Régimen de Transición Democrática (RTD) que, respetando la institucionalidad democrática, garantice el inmediato retorno a un régimen constitucional.

4. Reapertura de un nuevo proceso electoral sin reelección, que nos permita volver al régimen constitucional dentro de la brevedad posible, que es lo

aconsejable una vez rota la constitucionalidad, según la más acreditada jurisprudencia democrática.

5. Ley de Perdón y Olvido en favor de todos los que, habiendo cometido los delitos de violaciones constitucionales y usurpación de la soberanía nacional, lo reconozcan en forma expresa para el solo fin de su merecimiento y beneficio inmediato y tácito.

6. En fe de lo cual, y para reforzar lo acertado de los términos y cláusulas convenidas, lo suscribimos todos los ciudadanos que de buena fe avalamos su adopción, suscripción y estricto cumplimento.

Hoy más que nunca recordemos que “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”. Que “la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado, que se ejercen por representación”.

Y, finalmente, si: “el gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, la estabilidad política y la paz social”. Todos por la paz, concordia, justicia y reconciliación nacional.

*Ex comisionado nacional de Derechos Humanos

Opinión Ramón Custodio

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