Recientemente el Colegio de Abogados ha publicado su nuevo arancel para la prestación de los servicios profesionales de sus agremiados. 

La crítica no se ha hecho esperar y la condena ha sido generalizada.

Recordemos que dicho arancel además incluye la obligación de colocar timbres, caros, en muchos de los documentos que los ciudadanos necesitamos para cumplir con varios trámites ineludibles.

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Otros gremios profesionales igualmente revisan y publican sus aranceles, pero en el caso de los abogados, el Congreso Nacional le otorgó rango de ley al arancel que ellos acuerden y publiquen.  En otras palabras, en el caso de los otros gremios, sus aranceles son tan solo lineamientos adoptados por sus respectivos colegios, pero en el caso de los abogados el arancel es legalmente vinculante y su incumplimiento es por tanto una violación de la ley que podría acarrear sanciones. 

En efecto, los abogados gozan de una posición privilegiada, violentando así la Constitución de la República, ya que esta sostiene, como principio básico, que en nuestra nación no hay clases o grupos privilegiados.  A mi juicio, tanto los aranceles, como los famosos Estatutos, no son más que un intento por eliminar la competencia e imponer salarios y pagos que están muy por arriba de lo que la sociedad está dispuesta a pagar por esos servicios. 

Se trata de una limitación a la competencia, de una violación a los derechos de las personas, y de una imposición arbitraria.  Estamos frente a un anacronismo grosero que otros países han eliminado y que nosotros deberíamos igualmente descartar.  Permítanme, por favor, explicar en más detalle.

La Ley de Colegiación  Profesional Obligatoria nació con el supuesto fin de regular el ejercicio profesional.  Esto podría tener algún sentido si se tratara de asegurar que los clientes recibieran servicios de calidad, pero en realidad la ley nunca sirvió para esto.  Por el contrario, fue utilizada para perseguir a quienes, contando con el correspondiente título universitario reconocido por la UNAH, no se afiliaban al Colegio y pagaban las correspondientes cuotas mensuales. 

Los colegios nunca han regulado la práctica de las profesiones y la afiliación es automática si se cuenta con el título avalado por la UNAH.  En pocas palabras, la afiliación no agrega absolutamente nada que no aporte la UNAH, y simplemente sirve para castigar a quienes no se colegien y paguen las cuotas.  El caso del Colegio de Abogados es paradigmático porque acumuló cuantiosos recursos monetarios mediante las cuotas que cobra a sus agremiados y mediante los timbres que pagamos todos, a tal grado que varios de los integrantes de sus anteriores autoridades han sido acusados de malversación de fondos. 

Pero, ¿es esto lo que deseamos?  Desde la perspectiva de la sociedad, ¿Qué valor agregan estos colegios profesionales?  Me atrevo a decir que ninguno, y que por el contrario vulneran algunos de nuestros derechos y perjudican nuestros bolsillos.

Hasta donde sé, la colegiación obligatoria, y los Estatutos, son conceptos empleados en los países subdesarrollados.  Esos conceptos no existen en Estados Unidos, por ejemplo. Existe, para el caso, un examen para optar al título de “ingeniero profesional”, pero no es obligatorio colegiarse y se puede trabajar como ingeniero aún cuando no se cuente con ese título.

Para los médicos es diferente, ya que periódicamente deben tomar un examen para comprobar que han actualizado sus conocimientos.  Si no logran aprobar dicho examen, que se practica en el ámbito nacional, no pueden ejercer la medicina.  Algo similar se da con los abogados, debido a que al ser Estados Unidos un estado federal, cada estado tiene su propia legislación y para asegurar que los abogados conocen la legislación estatal deben aprobar un examen.

Como se verá, en todos estos casos los gremios agregan algo valioso al título universitario y en efecto regulan la profesión. No obstante, aún en esos casos, no existe la obligación de colegiarse. 

Pero veamos que ha ocurrido más cerca.  En Costa Rica, la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de colegiación profesional obligatoria por violar la libertad de las personas.  Y es precisamente esto lo que nosotros debemos reclamar.  Que nuestra Corte igualmente declare inconstitucional nuestra ley.  Sin la obligatoriedad de la colegiación, los afiliados, que reciben poco o nada de los colegios, optarán por no renovar su afiliación y los colegios morirán por inanición.  Cuando esto ocurra, los aranceles correrán, automáticamente, la misma suerte.

Lamentablemente, tomará tiempo para que nos pongamos a tono con la modernidad, y mientras tanto deberemos seguir padeciendo las consecuencias de los anacronismos que hemos adoptado.  Lo correcto, lo noble, sería que mientras tanto el Colegio de Abogados recapacite y derogue el nuevo arancel. 

Entendemos que hay un fuerte grupo de profesionales desempleados, pero no es subiendo forzadamente el sueldo de aquellos afortunados que ya tienen empleo, como se combatirá el desempleo de otros. Por otro lado, recordemos que la prestación de nuestros servicios no vale lo que nosotros, unilateralmente, decidamos, sino lo que las partes contratantes, es decir, nosotros y quienes nos contratan, acordemos. 

Puede que eso sea menos de lo que nosotros pensemos, pero al final se trata de una libre concentración. Mal hace una de las partes si pretende imponer, unilateralmente, su voluntad.  Recordemos que la experiencia nos enseña que cuando pretendemos violentar las reglas clásicas que rigen la libre contratación lo que propiciamos es que la otra parte, haciendo uso de su ingenio, encuentre otras modalidades de contratación que reflejen más fielmente el resultado de una libre contratación. Puesto de otra forma, la desatinada decisión del Colegio de Abogados, con la excepción de los timbres que nos han impuesto, no tendrá el efecto que ellos pretende y les generará mucha mala voluntad.

Es hora de rectificar y es hora de derogar la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, o de declararla inconstitucional.  Ya es hora de optar por la modernidad y por la libertad de contratación. 

Por: Luis Cosenza Jiménez