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Banda de diputados

Arturo Alvarado

Banda de diputados

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Mediante un comunicado la Maccih alertó al pueblo hondureño sobre la
aprobación del Decreto 141-2017, Ley de Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, en el cual se incluyó el artículo
237 con el propósito de reformar los artículos 16 y 131.A de la Ley Orgánica del
Presupuesto.
Dicha reforma establece un nuevo procedimiento de liquidación de fondos
públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, dando al
Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la responsabilidad de auditar el uso de
dichos recursos con retroactividad a los períodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-
2018, para lo cual se le otorga un plazo de tres años. Además, mientras el TSC
esté realizando dicha auditoría e investigación especial, no procederá ninguna
acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta
administrativa o penal.
La Maccih opina que los diputados pretenden frenar las investigaciones de altos
funcionarios que con dolo se han apropiado de recursos públicos y dentro de los
cuales se incluye a los cinco diputados que tienen acciones judiciales en proceso y
a los que llama la “red de diputados”, integrada por más de 60 diputados y
exdiputados. Adicionalmente, el comunicado menciona las recientes reformas al
Código Penal que reducen las penas de los delitos de corrupción y las dudas
sobre la efectividad del TSC para llevar a cabo este tipo de investigaciones, dadas
las características políticas de su conformación.
Organizaciones de la sociedad civil emitieron comunicados brindando apoyo a la
Maccih, pero fundamentalmente exhortando al Congreso Nacional a dejar sin
efecto la controversial reforma, haciendo énfasis en la necesidad que tiene
nuestro país de enfrentar el flagelo de la corrupción y la impunidad que campea
en todos los niveles.
Analizando todo lo anterior y los artículos que trastoca la mencionada reforma,
se llega a las siguientes conclusiones: 1. Resulta más que sospechoso que los
diputados la hayan aprobado precisamente cuando hay acciones judiciales en
curso contra cinco diputados, y todavía más sospechoso cuando la jueza que
conocía este caso había estado dilatando el inicio del juicio y procedió sin
ninguna dilatoria a trasladar el expediente al TSC; 2. El artículo 24 de la Ley
Orgánica del Presupuesto establece que las Disposiciones Generales del
Presupuesto (DGP) constituyen normas complementarias a dicha ley que regirán
únicamente para el ejercicio fiscal a que se refiere el Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República y que dichas normas se relacionan directa y
exclusivamente con la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del Presupuesto del que forman parte. En otras palabras, las DGP
solo tienen vigencia por un año, son complementarias y secundarias a la Ley
Orgánica y su contenido debe estar relacionado con el presupuesto; 3. El artículo
25 del Código Procesal Penal asigna el ejercicio de la acción pública al Ministerio
Público, el cual podrá proceder de oficio o a instancia de parte interesada y,
además, manda al Ministerio Público a perseguir de oficio todos los delitos, con
ciertas excepciones que no tienen relación con el tema que nos ocupa. Por cierto,
cualquier reforma de un Código necesita la opinión de la Corte Suprema de
Justicia.
Como un hecho posterior, la Maccih en otro comunicado informó que después de
revisar el video de la sesión, descubrió que el texto publicado en el diario oficial
La Gaceta difiere del aprobado por los diputados, lo que a su criterio constituye
un delito contra la fe pública.
Para muchos ciudadanos, la intención del grupo de diputados promotores es
evitar que la Maccih y el Ministerio Público continúen con sus investigaciones y
para eso están recurriendo a todo tipo de artimañas. Ha sido del conocimiento
público que las asociaciones sin fines de lucro de los mismos diputados son el
instrumento para agenciarse recursos del Congreso.
En todo conglomerado existen personas buenas y malas, pero generalmente los
buenos son la mayoría. Nos resistimos a creer que en el Congreso sea la
excepción y deberíamos esperar que los diputados honestos procedan a corregir
esta situación perversa y vergonzosa. Honduras es un país con altos niveles de
pobreza y los recursos que los corruptos sustraen de las arcas nacionales hacen
mucha falta para mejorar las condiciones de vida de miles de compatriotas. ¡Qué
vergüenza!

ARTURO ALVARADO SÁNCHEZ

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