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Corrupción e impunidad, una pareja malévola

Corrupción e impunidad, una pareja malévola

ARTURO ALVARADO SÁNCHEZ

Exministro de Finanzas

En términos generales, la corrupción se define como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, ya que este fenómeno no se limita únicamente a los funcionarios públicos, sino que también involucra a otros actores que se confabulan con ellos.

Por lo general, las prácticas corruptas están íntimamente ligadas a los gobernantes o a los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para, de una u otra forma, enriquecerse o beneficiar a familiares y amigos. Pero la corrupción no es algo nuevo; ha sido practicada desde tiempos inmemorables. En una de las salas del Museo del Prado en Madrid, por ejemplo, se puede encontrar una pintura del siglo XV titulada “Los siete pecados capitales”, del pintor holandés El Bosco, donde el pecado de la avaricia es representado por un juez que acepta un soborno de las dos partes en litigio.

En algunos países, las leyes que se promulgan o algunas actuaciones de los funcionarios contribuyen también a la corrupción. Como ejemplos podemos mencionar la aprobación de impuestos confiscatorios o de aranceles prohibitivos, la imposición de controles cambiarios que llevan a la desaparición de los ahorros de las personas, los registros y controles excesivos, entre otros, que inducen a la evasión impositiva, a usar el mercado negro de divisas o a pagar los sobornos exigidos por los funcionarios, como instrumentos de defensa.

La experiencia ha demostrado universalmente que cuanto más decretos o regulaciones o controles se imponen sobre cualquier actividad empresarial o individual, más fácil resultará provocar que las personas físicas o jurídicas tengan que buscar el favor de los funcionarios para resolver sus trámites a través de algún tipo de dádiva o soborno. Pero no se puede hablar de corrupción sin hablar simultáneamente de la impunidad, o sea la falta de castigo ante un delito, que es en realidad la que permite que la corrupción florezca; generalmente la primera es casi siempre consecuencia de la segunda. Está demostrado que los países que cuentan con las mejores instituciones para aplicar la ley, prevenir los abusos de poder de la autoridad y donde impera la mayor transparencia, son aquellos donde menos corrupción existe.

Pero un marco institucional no se construye con procedimientos de forma únicamente, o sea que no tienen como objetivo crear un marco institucional serio, profesional, imparcial y eficiente. En el caso de Honduras, nuestro Congreso Nacional ha seguido esos procedimientos que solo guardan la forma al seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ahora a los del Tribunal Superior de Cuentas. Con el argumento de que el Congreso es una institución política se procede a politizar instituciones que están llamadas a impartir justicia y a ejercer una labor de auditoría al sector público, siguiendo procedimientos que al final lo que crean es un sometimiento a los dictados de los políticos de turno, que son los que han nombrado a los integrantes de estas instituciones. Los ciudadanos nos quedamos perplejos al conocer los resultados de los procedimientos “transparentes” empleados por el Congreso, que al final han concluido, en un caso, con ocho magistrados de afiliación de un partido y siete de otro y en el otro, tres partidos representados por un magistrado cada uno.

¿Será posible que ante este esquema politizado los nombrados se sientan con la libertad plena de aplicar la justicia, de combatir la corrupción y de castigar a los corruptos? Hasta la fecha, la experiencia nos indica lo contrario, pero como somos optimistas, debemos dar el beneficio de la duda a los así nombrados, una vez más.

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