Diálogo

Diálogo y democracias representativas

Por Carlos López Contreras
Ex Canciller de la República

Es claro que la forma de gobierno tiene su legitimación en el origen del poder y la determinación del fin. Tratándose de democracias representativas, hay dos grandes manifestaciones: Gobierno presidencialista y gobierno parlamentario. En las repúblicas, el origen del poder reside en el pueblo, como titular de la soberanía popular y el fin legitimador es ponerlo al servicio del bien común.

Dentro de una república, tanto los gobiernos presidencialistas como los parlamentarios, pueden ser eficientes, pero el tejido social de un Estado puede escoger el que más le convenga en el marco de un diálogo para definir su entorno democrático. En esa decisión jugarán factores históricos, sociológicos, pragmáticos, el mimetismo político y otros aspectos de tipo cultural.

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La diferencia esencial del sistema presidencial es que en él la función de gobierno recae sobre el presidente, que resulta electo de manera directa por el pueblo. En el parlamentario, quien elige al Ejecutivo es el Parlamento, vale decir, la mayoría parlamentaria de un partido o de una coalición de partidos. El Ejecutivo en el sistema parlamentario lo personifica el jefe de gobierno o primer ministro, que suele ser el diputado jefe del partido ganador en las elecciones parlamentarias. En todo caso, es el pueblo quien elige a los diputados al parlamento. Y el gobierno electo depende de la confianza del parlamento.

En el régimen parlamentario, se piensa fundamentalmente en el problema de la continuidad y estabilidad del gobierno el cual, al estar expuesto a una moción de censura o faltarle la confianza del Parlamento, podría verse en la necesidad de dimitir, con riesgo de desencadenar una crisis política.
En el sistema parlamentario, la figura del presidente de la República asume la característica de Jefe de Estado con funciones puntuales, limitadas y de ceremonial, por lo cual a nadie le preocupa su posible reelección; situación muy distinta es la del jefe de gobierno o primer ministro, a quien corresponde administrar el país con todas las facultades, poderes y prerrogativas que actualmente corresponden al presidente de la República.

En el marco del diálogo que ha sido convocado en Honduras, no debería excluirse un debate sobre las virtudes y desventajas que ofrecen las dos modalidades de democracia representativa.

Podría pensarse que para hacer la transición de un gobierno presidencialista a uno parlamentario, habría que convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no creo que sea absolutamente necesario, en consideración a que los artículos pétreos de nuestra Constitución son muy limitados. Todos los demás pueden reformarse o transferirse a una nueva magistratura -la del presidente del gobierno- por el procedimiento normal de dos legislaturas consecutivas con dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso. Las excepciones a este mecanismo podrían fácilmente resolverse por la vía de un plebiscito, en lugar de una asamblea constituyente, que supondría una pesada carga financiera convocarla y sostenerla por un año o más y, en el mejor de los casos, su producto sería muy similar a lo que actualmente tenemos.

En el sistema parlamentario, las elecciones funcionan en general basadas en el régimen de partidos. El líder del partido encabeza la lista de candidatos a diputados. Si obtiene mayoría de su propia bancada o en coalición, el parlamento le encomienda la formación de gobierno.

Ya hemos expresado que nuestra Constitución respeta, protege y defiende los derechos y garantías fundamentales de los habitantes de la República. Si acaso un día fuéramos a una asamblea constituyente, como la piden algunas voces, cuyos fines no están claros, más que el tipo de democracia representativa que se establezca o mantenga, aspecto fundamental es también la parte dogmática, en el sentido de que una nueva carta fundamental no nos despoje de los derechos y garantías que ya disfrutamos. Además, conviene valorar los exabruptos que escuchamos durante la pasada elección de un excandidato que dijo querer acabar con el país y que viniera una potencia extranjera a conquistarlo. Se desconoce a cuál potencia conquistadora se refería el excandidato presidencial, si una petrolera con denuncias en el campo de las estructuras criminales internacionales, si a una potencia global que del continente o fuera de él, o a una estructura de poder terrorista como los que se han visto en Medio Oriente.

Al aproximarnos al bicentenario de nuestra independencia política, todos los hondureños debemos estar alertas de no poner en riesgo la soberanía popular y nuestra soberanía nacional. El verdadero valor de las libertades solo se aprecia cuando se pierde.