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Eso ha hecho la Iglesia Católica hondureña. No por aquello de que la voz del pueblo es la voz de Dios, sino porque es evidente que el poder político se ha alejado de sus deberes elementales.

La exasperante situación de millones de hondureños abatidos por la pobreza extrema y la pesada carga que lleva a cuestas la menguada clase media, frente a la opulencia ofensiva, de origen sospechoso -en la mayoría de los casos-, de algunos pocos, convierte en un drama la vida diaria de aquellos y en un permanente desasosiego la de estos. Prueba irrefutable de que el encargado de evitar los excesos ha fallado.

El sistema estatal ha sido incapaz de frenar “la desmedida ambición de unos cuantos” en perjuicio de los demás y los políticos se niegan a dialogar entre sí sobre la solución de los problemas, cada vez más acuciantes, que flagelan a la población, cuya confianza en la institucionalidad “disminuye cada día más”.

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Sin esa confianza la institucionalidad carece de idoneidad para liderar la búsqueda de soluciones; liderazgo, al que renuncian los políticos, más preocupados por resolver sus problemas internos que los del pueblo. Ha llegado, entonces, el momento de que este, en ejercicio de su indiscutible derecho a decidir -por cuanto es en él que reside originariamente la soberanía-, sea escuchado para opinar sobre “los asuntos fundamentales para la vida del país”. De habérsele consultado sobre la reelección, dice el comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), se habría evitado que este tema “alimentara la crisis política institucional y terminara siendo cuestionada y rechazada por un amplio sector de la población, por sus visibles muestras de inconstitucionalidad”.

No invitan ni piden, sino que exigen de los políticos que rehabiliten la política, entendiéndose por esto, no violar la Constitución y no emitir normas dirigidas a fortalecer la impunidad, protegiendo a los señalados por corrupción.

La “hacienda particular” en que han convertido el país los corruptos, saqueando las instituciones del Estado “cuantas veces quieran”, demanda de nosotros que defendamos “la dignidad y derechos de nuestro pueblo” luchando contra la corrupción. Y “luchar contra la corrupción significa defender las acciones de la MACCIH, del Ministerio Público, de la UFECIC” y, además, “sentirnos parte de la lucha que, contra los corruptos, lleva a cabo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)”.

Este pronunciamiento es de capital importancia en esta lucha. Como también lo es, que en la conferencia que diera el CNA, anunciando las acciones contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional, estuviera acompañado de importantes organizaciones civiles y de prominentes ciudadanos, y presentes, en la misma, representantes del G-16.

Lo curioso, sin embargo, es que la población no se manifieste multitudinariamente, como lo hizo en las marchas de los indignados y de las antorchas. Responsables de esto son los líderes de la oposición política, cuya participación en estas manifestaciones, auténticamente ciudadanas, tienen el efecto de desanimar a quienes asisten porque están indignados con el sistema, no porque obedecen a consignas políticas partidarias.

En todo caso, es visible la falta de consistencia y perseverancia en estos movimientos. Atribuible, sin duda, a la ausencia de una cultura ciudadana que solo se adquiere alimentando los valores cívicos en el hogar y en el sistema educativo. No es leyendo la Biblia en las escuelas que se obtienen estos valores, porque, como dice el comunicado de la CEH, “la Sagrada Escritura es don de Dios para fortalecer la fe”, cuyas enseñanzas no inciden en los niños y jóvenes “cuando los adultos no les ofrecemos… un ejemplo a imitar y una motivación positiva por medio de nuestro ejemplo y testimonio”.

Si sembramos en los niños y adolescentes los valores y principios de nuestra cultura, entendidos como producto de nuestra historia, especialmente de las gestas de nuestros próceres, rematando con la lectura analítica de la Constitución, especialmente sobre nuestro sistema democrático y republicano, sobre sus derechos fundamentales y los mecanismos que los garantizan, estaremos formando ciudadanos convencidos de la necesidad de la democracia y conscientes de sus responsabilidades, respetuosos de la ley.

El abuso y la explotación de los gobernantes, por esa ausencia de valores, ha provocado una crisis tan profunda que, hace temer entre los obispos, según se desprende de dicho comunicado, que se reproduzca en nuestro país lo que estamos presenciando en la hermana república de Nicaragua. ¡Y tienen razón!

Edmundo Orellana
Catedrático universitario