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La Asamblea Constituyente

Arturo Alvarado

La Asamblea Constituyente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó mediante decreto
presidencial 2830 a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual se celebró el
30 de julio de 2017 mediante votación en modalidades territorial y sectorial, sin
participación de la oposición. Previo a ello, el Consejo Nacional Electoral,
controlado por el gobierno, aprobó las bases para la postulación de los
candidatos a ser electos en dicha Asamblea.

Luego, con fecha 4 de agosto de 2017 se instaló la Asamblea Nacional
Constituyente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, integrada
totalmente por representantes afines al gobernante de turno e inmediatamente
se aprobó que la duración sería por un lapso de dos años, decisión tomada por
los mismos integrantes de la Asamblea Constituyente.

Pareciera evidente que uno de los objetivos de la instalación de la Asamblea
Constituyente es asumir las funciones de la Asamblea Nacional Legislativa, que
ha estado bajo control de la oposición como resultado de una elección celebrada
hace aproximadamente dos años. Adicionalmente, se está sustituyendo a la
Fiscalía General, cuya titular ha manifestado que en Venezuela se ha producido
una ruptura del orden constitucional y ha estado firmemente opuesta a las
decisiones controversiales del Poder Ejecutivo y del Tribunal Supremo de
Justicia. Para completar el círculo de poder, la cúpula del ejército también está
alineada con el régimen oficialista.

Mientras tanto, el país se encuentra totalmente polarizado, con una economía
desequilibrada, un tipo de cambio oficial artificial, la inflación más alta del
mundo, carencia de productos básicos para la población, fuga de inversión
privada, manifestaciones multitudinarias constantes, encarcelamiento y muerte
de opositores. Las decisiones dictatoriales tomadas por los organismos de
gobierno en lugar de contribuir a solucionar la crisis institucional del país lo que
provocará será una mayor división, más muertes y hasta, ojalá no suceda, una
conmoción civil, con consecuencias funestas para el país. La Comunidad
Internacional ha reaccionado calificando la convocatoria a la Asamblea
Constituyente como un atentado contra la democracia y la consolidación de una
dictadura. Pareciera entonces que la frase famosa de Lord Acton “El poder
corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” se confirma una vez
más.

En Honduras, y ante las puertas de elecciones generales, los líderes de uno de los
partidos han manifestado su intención de convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente con el propósito de refundar Honduras, posiblemente siguiendo el
mismo camino que estamos viendo en Venezuela. ¿Se buscará un beneficio para
el país y la población en general o básicamente es un objetivo para consolidarse
en el poder, de llegar a ganar las elecciones? Como muestra un botón: la posición
ciega a favor del régimen de Venezuela manifestada abiertamente por algunos
líderes políticos.

Históricamente, la Asamblea Nacional Constituyente proviene de la Revolución
Francesa, cuando se reunieron el clero, la nobleza y el pueblo para redactar una
Constitución Nacional, dando lugar al nacimiento del poder constituyente que
teóricamente refleja la voluntad soberana y suprema de un pueblo, para
constituir un estado y darle la organización jurídica y política que se estime más
conveniente para los intereses nacionales.

Una Asamblea Nacional Constituyente está integrada por representantes
elegidos por la misma ciudadanía. Forman parte de la misma ciudadanos con
derecho a elegir y ser electos, que resulten seleccionados de manera libre,
democrática y representativa de las listas de candidatos que presenten los
partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad, como ser gremios
organizados, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil,
patronatos, colegios profesionales, etc. Sin embargo, una Asamblea
Constituyente no debe ser considerada como un “cheque en blanco” para
consolidar dictaduras partidarias o las ambiciones de políticos continuistas. El
proceso no debe ser visto como un instrumento para consolidar las ambiciones
de poder o continuistas de un líder mesiánico, sino que como una oportunidad
para consolidar el principio de democracia participativa con el objetivo de
fortalecer el desarrollo económico y social de Honduras, basado en la estabilidad
política y en la conciliación nacional, como lo manda nuestra actual Constitución.

Por: Arturo Alvarado

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