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Sociedad Civil de Islas de la Bahía envía carta al CN sobre Ley de Fomento al Turismo

Con incentivos al Turismo, empresarios muestran interés de invertir en Honduras

Sociedad Civil de Islas de la Bahía envía carta al CN sobre Ley de Fomento al Turismo

Honorables Miembros: Nos dirigimos a ustedes para referirnos a la Ley de Fomento al Turismo, que ha sido sometida ante el Congreso Nacional y que entendemos se pretende discutir y aprobar en los próximos días.

Consideramos que uno de los artículos más lesivos incluye “la localización donde se
pueden realizar los proyectos turísticos sin importar las áreas protegidas, reservas,
patrimonios culturales, etc.

1. Las Áreas Protegidas; Reservas Biológicas, Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Naturales, 2. Sitios o monumentos que formen parte del Patrimonio Nacional y de Interés Turístico y Cultural; tales como Monumentos Nacionales, Históricos, Museos, Parques Municipales, Parques Arqueológicos y Vías Públicas 3.Conjuntos de Preservación Histórica; Sitios Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico (Zonas de Desarrollo Identificadas dentro de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible.

Sin importar las comunidades y las personas que habitan en ellas; lo cual generará conflictos y enfrentamiento como los que se han estado dando por el otorgamiento de concesiones de “aprovechamiento” de recursos naturales”.

También se han incluido las áreas con usos más restringidos como lo son
las reservas biológicas y de las tierras de vocación bajo régimen especial (áreas
protegidas, micro-cuencas u otras); no habiendo diferenciación de zonas entre otros.

Art 16. Abolir
Este artículo que faculta al Consejo de Ministros para que en nombre del Estado de
Honduras, “implemente medidas de control necesarias para evitar acciones sobre el
dominio y posesión de la tierra, que dificulte, frenen u obstaculicen el desarrollo de
proyectos en los sitios turísticos identificados por el Fondo” es totalmente lesivo al interés
colectivo, violentando el articulo 103 de la Constitución de la República, que establece
que las únicas limitaciones a la propiedad se darán por motivos de necesidad o interés
publico.

Este artículo pretende disfrazar procedimientos de expropiación forzosa por
causa de interés publico con “medidas de control para evitar acciones sobre el dominio
y posesión de la tierra”, facultando además al poder ejecutivo para procedimientos que
corresponden al Soberano Congreso Nacional, que es el único autorizado a restringir o
suspender derechos.

Art 17. Abolir. Otro artículo lesivo, el cual despoja a los ciudadanos de sus tierras
privadas que pasaran a formar parte del patrimonio de (FITUR).

En nuestro departamento hemos tenido serios conflictos con el acceso y la titulación de
las tierras a favor de familias que tienen más de un siglo de residir aquí.

Existen numerosos casos de usurpación en los que los isleños más humildes, han sido víctimas por falta de recursos económicos y por una flagrante indefensión que resultaba de que el idioma Español sea el de nuestra legislación nacional; aunque el Inglés era el idioma
predominante en nuestras islas desde antes de la devolución de Islas de la Bahía.

Hacemos constar que no nos oponemos al desarrollo turístico sostenible, el cual describe
la Organización Mundial de Turismo así: “El turismo que tiene plenamente en cuenta
las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales
para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de
las comunidades anfitrionas”.

Sin embargo, sentimos que esta Ley no viene a solucionar problemas históricos muy propios de nuestro departamento, más bien es una evidente violación a nuestros derechos constitucionales, que indiscutiblemente van a agudizar y crear nuevas e innecesarias conflictividades sociales y daño a la industria del turismo, no solo en Islas de la Bahía sino en todo el país.

El Estado debe tomar medidas necesarias a fin de garantizar el acceso equitativo a la
tierra y a los recursos naturales. No se debe promover una Ley que es la reversa de
“Robin Hood”, aquí se le puede quitar al pobre para dárselo al más rico.

Sumado a esto, la inseguridad jurídica que puede significar para muchos extranjeros que
han adquirido propiedades en nuestro departamento y que resultaría a futuro en
demandas contra el estado.

Art. 22. Ordenamiento Territorial.
Consideramos que es una violación, a la soberanía y a la ley de ordenamiento territorial
vigente, el otorgar la potestad única al Instituto Hondureño de Turismo para determinar
la capacidad de carga, altura de edificios, línea de retiro de playa, etc., y la aprobación
del planes de ordenamiento territorial; ya que el mismo es un instrumento de gestión
socio-política para propiciar condiciones de gobernabilidad que fortalezcan la capacidad
de la sociedad para articular sus intereses, cumplir sus compromisos y solucionar sus
conflictos para lograr una integración justa y la convivencia armónica y democrática.

Art.25. Inciso 4. Acuerdo Ejecutivo 002-2004.
No estamos de acuerdo ni recomendamos la derogación de este Acuerdo, sin haber
efectuado una revisión de la misma a través de un proceso democrático, participativo e
incluyente; considerando que la misma fue creada debido a la imperiosa necesidad de
implementar políticas y medidas orientadas a la conservación y protección del ambiente
y el fomento del desarrollo turístico sostenible en el departamento de Islas de la Bahía y
en base a estudios científicos de línea base realizadas en 1989 y propuesta en el Plan
de Control de la Isla de Roatán (Sir Halcrow y Associados).

Actualmente nuestro territorio está siendo afectado por múltiples amenazas; que incluye
propuestas de legislaciones lesivas relativo a la tenencia de la tierra, que violentan las
reglas básicas de convivencia entre los representante del estado y el pueblo al no
socializar las respectivas consultas, que afectan la supervivencia de los ciudadanos.

Como ciudadanos, nos preocupa el hecho de que el Congreso Nacional, persista en
aprobar leyes sin consulta con los pueblos que se ven afectados directamente; tal como
es este caso. Así mismo la aprobación de estas leyes contravienen los tratados
Internacionales de los cuales Honduras es signatario como el Convenio 169 de la OIT,
así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y en base a ese compromiso adquirido a nivel internacional.

El Estado está obligado a obtener el consentimiento pleno, libre e informado sobre cualquier proyecto o ley que les afecte o afectare a los pueblos indígenas, Tribales y Afrodescendientes.

Asimismo, se recuerda que en la Observación 11, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (2016) al Estado de Honduras señaló que le preocupan: “las
informaciones que dan cuenta del incumplimiento del derecho a la consulta previa
con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas en relación a la toma de decisiones que pudieran afectarles y que a
menudo su opinión no sea tomada en cuenta al momento de otorgar concesiones
para la explotación de recursos naturales u otros proyectos de desarrollo.

Pese a los esfuerzos realizados por el Estado parte en cuanto a la demarcación de tierras
indígenas, el Comité nota con preocupación la limitada protección al derecho que
tienen los pueblos indígenas a disponer libremente de sus territorios, riquezas y
recursos naturales (Art. 1, párr.2). “

En su la Recomendación 11:
“c) Garantizar que los pueblos indígenas sean sistemáticamente consultados con
el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado en lo que respecta a
la toma de decisiones susceptible de afectar el ejercicio de sus derechos
económicos, sociales y culturales y que sus opiniones sean respetadas.

Y d) Redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho que tienen los pueblos
indígenas a disponer libremente de sus tierras, territorios y recursos naturales,
incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria.”

En base a los argumentos anteriores exigimos respetuosamente al Congreso Nacional y
en especial a sus diputados no se apruebe esta ley.
Dado en la Isla de Roatán el día 5 de Agosto del 2017
POR SOCIEDAD CIVIL DE ISLAS DE LA BAHIA

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