Mensaje episcopal

La Iglesia Católica, a través de sus Obispos, ha hablado de lo que debe hablar, contrario a otras organizaciones que callan, o bien hablan ambiguamente o como place al gobierno.

Reconocen en el pueblo su voluntad de cumplir con el deber cívico de votar y de hacerlo “en un clima generalizado de orden, de respeto y hasta de alegría”. Es el comportamiento de un pueblo que, aunque no confía en sus autoridades, conserva la esperanza de que no le distorsionen totalmente su voluntad de elegir.

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Señalan con energía y claridad el lamentable funcionamiento del TSE a quien responsabilizan de que no se “haya logrado superar la falta de certeza acerca del resultado de las elecciones generales”, en la misma línea de las conclusiones de los informes de los observadores internacionales. Y es que el proceder del TSE fue tan irresponsable que solamente los ofuscados por el sectarismo o proclives a la entrega sin escrúpulos, opinan lo contrario, y, congruente con su lacayuna actitud, pretenden, perversamente, que el pueblo acepte ciegamente los resultados que ofrece esa desprestigiada institución.

La protesta, que espontáneamente brota en todo el país, es la consecuencia de esa inexcusable negligencia del TSE, que ha venido a potenciar, según los obispos, “las profundas y antiguas tensiones, acrecentadas por la decisión de permitir una reelección presidencial sin la claridad exigible ni una aceptación mayoritaria”. Identifica, sin eufemismos, la real causa de esta crisis política. Es la ominosa presencia de la reelección en el proceso electoral, habilitada, no por el pueblo, a quien corresponde decidir lo trascendental, sino por la Sala de lo Constitucional, sin competencia legal para ello, la que provoca el conflicto.

Observan las protestas como el ejercicio legítimo del pueblo a disentir, colectiva y pacíficamente, de las decisiones de la autoridad cuando sus tóxicos efectos se esparcen por toda la sociedad, pero advierten de la presencia de individuos cuyo manifiesto propósito es convertirlas “en acciones violentas y delictivas”, en clara alusión a los infiltrados de los cuerpos de inteligencia que, destruyendo la propiedad pública y privada, persiguen desprestigiar a los que ejercen su legítimo derecho a protestar pacíficamente.

Llaman a los políticos a mantener a sus parciales dentro de los límites pacíficos de la protesta, con la misma intensidad que condenan las violaciones a los derechos humanos de los que protestan, ya que “los cuerpos de seguridad del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, en algunos casos se han sobrepasado en el uso de la fuerza y de las armas, lo que ha causado heridos y víctimas mortales”. Esos casos de represión se han consumado, sin ninguna consideración a la integridad física y vida de las personas, por los agentes de la policía militar, cuya manipulación y letales ejecutorias en este conflicto revelan la verdadera razón por la que el Presidente la impulsó con tanta vehemencia, y por quienes integran la nueva policía, esa que surge de la depuración, que se estrena violando los derechos humanos de quienes debe proteger.

Ven en este conflicto la oportunidad de reconstruir el estado de derecho y la seguridad jurídica, y de avanzar “en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y… detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población”, por lo que proponen la confección de “un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones, que implique a todos los sectores de la sociedad”. En este punto, los obispos no se andan por los atajos. Reconocen que el contexto axiológico-normativo del país reclama ser renovado para arraigar en la conciencia popular como algo propio e indisoluble y lograr su plena vigencia, a lo que debe llegarse mediante una profunda reforma a la Constitución o mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Los obispos ven más allá del simple conflicto, quizá por su consulta permanente con el Hacedor del Universo; con una inspiración de ese calibre, debemos admitir que tienen razón. Mientras no reparemos la fractura institucional que ha venido profundizándose desde el 2009, cuyos dolores ya no pueden calmarse con simples analgésicos, seguirán flagelándonos los agudos problemas políticos que nos parecen insuperables.

Cualquiera que sea la solución a la que se llegue, habrá de pasar, tarde o temprano, por lo que proponen los obispos, porque entraña el nacimiento de un nuevo sistema constitucional. Es, además, una propuesta surgida de las oraciones, muy propia de estas señaladas fechas en las que celebramos dos nacimientos: del Niño Jesús y del Nuevo Año.

Por Edmundo Orellana
Catedrático universitario